Algo debe andar mal por las altas esferas, o al menos después de saber que por un lado se considera la opción de bloquear las descargas ilegales de P2P e inhabilitar a los usuarios que lo hagan, mientras que por otro lado se asume por parte de jueces, abogados, y la propia Guardia Civil que descargar estos contenido es totalmente legal.

Pero aún así, tras consultar con distintas operadoras, se sabe que más de una -prácticamente todas- estarían más que dispuestas a colaborar en lo máximo posible con los medios posibles para terminar con estos actos. Lo mejor de todo es que hablamos de medios públicos, no organismos judiciales. Es decir, organismos públicos como la SGAE, o la FAP.

Evidentemente es humo, o al menos así debería ser. No hace falta decir que existe una agencia llamada Agencia de Protección de Datos que se debe encargar de que todos los datos relevantes al usuario se mantengan totalmente privados e innacesibles por terceros, y que si cualquier operadora cede datos como la IP a la SGAE o similares para emprender medidas, puede haber consecuencias muy serias.

De hecho, ya se ha empezado a hablar de boicots y cortes masivos de líneas, y es que si la cosa sigue así y no se actúa, al final el bloque cederá y habrá que acatar todo lo que manden. Es lo que habrá, si no se colabora y empiezan a haber movilizaciones.

Un dato interesante es que si acabamos como Francia y se bloquean las descargas P2P definitivamente o empiezan a haber amenazas a diestro y siniestro, muchísimas líneas cambiarían a productos mucho más bajos, precisamente lo que las operadores no quieren. Están exterminando las líneas baratas, las de 56k y sucedáneas. Si Internet en España acaba de tal manera que no pueda haber descargas de contenido multimedia, habrá miles de bajas y de cambios a líneas más baratas. Las compañías necesitan motivos para poder seguir subiendo la velocidad de la banda ancha, y si cortan el grifo de los P2P, se acabará el chollo.

Resignación es poca, ¿no?